Por: Ana Watson & Conny Davidsen, University of Calgary
Una vez más las comunidades amazónicas hacen un llamado al gobierno peruano para sensibilizarlo por su situación de vulnerabilidad ante la emergencia, pues consideran que nuevamente han sido invisibilizadas ante la mirada prioritaria de la reactivación económica. La crisis del COVID-19 está llamando a repensar críticamente el rol del estado en los proyectos de extracción y conservación en territorios indígenas de la Amazonía. Con voz propia, los pueblos indígenas amazónicos exigen que el Estado no sólo considere los centros urbanos como estándar para diseñar políticas en medio de la pandemia, sino que amplíe su enfoque estratégico para que no desatienda la diversidad cultural del país íntimamente relacionada con su diversidad biológica.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP, en la carta del 4 mayo, alerta que 8 de los sectores productivos considerados por el gobierno peruano en una primera fase de reactivación se tratan de varias operaciones en la frontera extractiva, con impactos en los territorios de las comunidades indígenas en la Amazonía. Estos 8 sectores incluyen hidrocarburos, industrias forestales, servicios complementarios a la agricultura como aquellos asociados a las plantaciones de palma aceitera y cacao, entre otros (AIDESEP, 2020a). Los pueblos indígenas en la Amazonía peruana, también ciudadanos, nos recuerdan que el bosque amazónico no es sólo un hábitat con recursos y diversidad biológica, sino también un espacio social, espiritual, mental, cultural y político.
El 20 de abril del 2020, AIDESEP denunció al gobierno peruano ante la Organización de Naciones Unidas de no contar con un plan de atención durante la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 (AIDESEP, 2020b). Habían pasado 36 días desde que el Estado peruano desarrolló estrategias para proteger la población urbana, trabajadores, empresas e inclusive las ciudades, pero las comunidades manifestaron estar desprotegidas y olvidadas una vez más. La incertidumbre y falta de información sobre el riesgo de la enfermedad en las comunidades indígenas también existe debido a la escasez de pruebas para el COVID-19 y la falta de datos oficiales sobre los contagios en sus territorios. Con cifras de las jurisdicciones más cercanas, el 1 de mayo se estimaron 3 217 casos confirmados de COVID en la Amazonía peruana y 206 fallecidos (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), 2020a), aunque estas cifras pueden ser optimistas. Un día después, el 02 de mayo el gobierno peruano (DS 080-2020-PCM, 2020) anunció la reanudación de 27 actividades económicas. AIDESEP vuelve a hacer pública su voz resaltando que no se ha considerado el contexto particular de los pueblos Amazónicos en los planes que tienen como objetivo la reactivación económica. El 13 de mayo, el número creció a 4 807 casos confirmado y 245 fallecidos (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), 2020b)
No es la primera vez que en Perú las comunidades indígenas reclaman ser escuchadas e incluidas en los planes del gobierno y la toma de decisiones sobre sus territorios. En las últimas décadas el país ha sido el escenario de varias protestas sociales desde las comunidades indígenas por el reconocimiento de sus derechos, sobre todo ante la rápida expansión de actividades extractivas en sus territorios. Se consideraba que una de las posibles soluciones a los problemas socio-ambientales en el país sería enfrentar las débiles iniciativas y políticas de “ordenamiento territorial”. Sin embargo, parece que este escenario incluye otras dimensiones más allá de la demarcación técnica de las tierras. Los instrumentos legales e instituciones gubernamentales lamentablemente no garantizaban la protección de los derechos indígenas. La titulación de territorios de las comunidades, en aquellas que pueden acceder al proceso, no es suficiente en la práctica para descolonizar la mirada dominante en la Amazonía y en territorios tradicionalmente habitados por pueblos indígenas (Acuña, 2015; Bryan, 2012; Halvorsen, Mançano Fernandes, & Valeria Torres, 2019; Inter-American Commision on Human Rights, 2009; Stetson, 2012).
La demarcación territorial en el Perú tiene sus raíces en la herencia colonial desde virreinato y que se mantiene en la narrativa colonial de buena parte de la población colona, de las autoridades locales y regionales no indígenas que sigue vigente y afecta de manera grave el reconocimiento de la tremenda diversidad cultural que habita los bosques amazónicos. En el 2016 y después de varias décadas, las comunidades indígenas que se encuentran en el bajo Urubamba y que son afectadas por el proyecto Camisea (Cusco) lograron que su propuesta de creación de distrito fuera aprobada, el nuevo distrito Megantoni. Megantoni ha sido llamado por algunos como el distrito monetariamente más rico del país debido a los ingresos de la extracción de hidrocarburos en Camisa; sin embargo, los servicios básicos como agua potable son limitados y no permanentes.
Camisea Indigenous Community, Megantoni District. November-2018. Picture: Ana Watson
Especialmente en cuanto a las vulnerabilidades de salud, desde antes del COVID-19 Megantoni ya atravesaba por problemas graves como anemia y desnutrición infantil (Red de Servicios de Salud la Convención, 2019); y la atención médica de la red de salud de Camisea se limita a postas médicas con servicios y medicinas básicas. Además, la población del distrito de 15 mil personas no tiene un hospital a pesar de tener presupuesto por el canon gasífero. Por qué, a pesar de 17 años de extracción de gas no hay infraestructura en el área?
Posta Médica de Camisea. Diciembre - 2018. Foto Ana Watson
Con el objetivo de conservar el valor biológico del bosque en Camisea, las empresas de hidrocarburos que operan en Camisea desarrollaron operaciones “off-shore inland”, es decir los transportes se hacen vía fluvial o área. No hay carreteras que vinculen estas comunidades con las ciudades cercanas. Es por ello por lo que, en caso de no ser atendidos en los servicios médicos de los campamentos de empresas de hidrocarburos, las comunidades deben desplazarse a los hospitales en Cusco que está como mínimo a un día de las comunidades amazónicas del bajo Urubamba. Tradicionalmente para acceder al hospital de la Provincia, ubicada en la Convención, ellos deben ir primero por bote y luego por carretera. La única alternativa aérea a Lima en el bajo Urubamba es través de los vuelos de las empresas de hidrocarburos que cuentan con sus aeródromos privados en sus instalaciones.
El 5 de abril de este año, el alcalde nativo de Megantoni, Daniel Ríos en entrevista a Canal N (prensa peruana) pidió que el Estado los proteja y también que les permita utilizar el dinero del canon gasífero (el aporte económico local de la extracción de Gas en el área) para construir su hospital (Municipalidad Distrital de Mengatoni, 2020). Ni el gobierno regional del Cusco, ni el provincial, ni la anterior municipalidad lograron cubrir esas demandas. El entrevistador, desde la capital del país, le contesta que no es el momento de hablar de si un alcalde puede administrar un dinero como ese. La discusión sobre los derechos territoriales indígenas, su autodeterminación y el acceso directo a los beneficios de la extracción se vuelve a plantear en el contexto de la crisis sanitaria. Finalmente ¿Cuándo sería el momento apropiado de hablar de los derechos a la salud de pueblos indígenas, si no lo es ahora en el contexto de una pandemia?
El 25 de abril se confirmó el primer caso de COVID-19 en el bajo Urubamba, era un trabajador de la empresa de hidrocarburos REPSOL el cual fue evacuado a Lima por vía área desde el campamento de Repsol ubicado en la comunidad nativa Nuevo Mundo (CAAAP, 2020).
La emergencia del COVID-19 ha despertado el interés por prácticas de conservación y sostenibilidad ambiental. Al mismo tiempo, nos está llamando a incluir en este debate la situación de los pueblos indígenas que habitan la Amazonía y el rol del Estado. Otros actores van tomando protagonismo ante la desarticulación de acciones del Estado en estos territorios. Así, por ejemplo, la Iglesia Católica, un actor clave con larga historia en la Amazonía peruana, a través del vicariato de Iquitos (Loreto) logró en menos de 24 horas movilizar recursos para construir una planta de oxígeno que faltaba en la ciudad (García Blasco, 2020). La colecta fue una alternativa a la falta de respuesta del gobierno regional a la situación denunciada por los médicos en Iquitos. Las propias comunidades indígenas y pobladores vienen cerrando los ríos y carreteras que los conectan para evitar ser contagiados, aunque al mismo tiempo se preguntan cómo será cuándo las actividades y el comercio se reanuden en sus territorios. Con #EmergenciaIndígena y #YoMeQuedoEnMiComunidad, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO comunica a través de sus redes sociales el fallecimiento de 5 indígenas a causa del COVID-19 y difunde medidas para evitar el contagio de la enfermedad en las comunidades. Las organizaciones indígenas de todos los países amazónicos piden al Estado y al mundo que se evite un nuevo etnocidio en la Amazonía por la desigualdad y racismo estructural que han mantenido estas poblaciones vulnerables desde hace siglos y más aún hoy cuando las actividades extractivas siguen avanzando sobre sus tierras.
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente – ORPIO. Campaña Informativa para Comunidades Amazónicas. Fuente: https://www.facebook.com/photo?fbid=1583959925089805&set=a.501941589958316
El filósofo francés Henri Lefebvre (1991) abrió una nueva forma de pensar el espacio para en la geografía indicando que el espacio es vivido (socialmente), percibido (físicamente) y concebido (mentalmente). El espacio entonces es multidimensional y político, en el las relaciones de poder se entretejen ordenándolo, definiéndolo y jerarquizándolo (Elden, 2007; Massey, 2005). La geografía tiene una nueva tarea para hacer frente a las tradicionales miradas del territorio y prácticas coloniales modernas de exclusión de los pueblos indígenas (Radcliffe, 2017). Si la pandemia del COVID-19 nos viene revelando una nueva forma de entender, percibir y vivir el espacio en las ciudades, también nos llama a escuchar y entender el reclamo de las comunidades indígenas acerca del rol primordial que tienen sus territorios y culturas para la supervivencia y la vida misma. La conservación y sostenibilidad de la Amazonía es una oportunidad no sólo para la biodiversidad y los planteamientos ambientales, sino también para repensarlos y conectarlos con la voz propia de las personas que lo habitan. Si la crisis COVID-19 nos obliga a repensar críticamente el espacio, hay que hacerlo diferente, no sólo como un contenedor de los procesos extractivos, biológicos, culturales, sociales o políticos. Los enfoques interculturales e inclusivos nos hablan de tomar acción basados en el entendimiento, respeto y verdadera participación de los pueblos originarios. Un esfuerzo en conjunto articulando buenas prácticas de las empresas, el sector académico, gobiernos, ONGs entre otros con los pueblos originarios. Los pueblos indígenas en el centro y no en la periferia de las acciones. Los pueblos indígenas desde décadas nos lo están pidiendo.
Referencias:
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